• La acción se enmarca en las medidas propuestas por el Gobierno Regional para mejorar el estándar de proyectos del Gobierno Regional.

Por amplia mayoría, el Consejo Regional del Biobío, liderado por su presidente, el Gobernador Regional Rodrigo Díaz, aprobó esta jornada la contratación de una auditoría externa que revise las iniciativas de inversión aprobadas por el GORE Biobío desde 2021 en adelante.

La medida se enmarca en la propuesta vertida en la última Comisión de Ética y Fiscalización por parte del Ejecutivo, a cargo del Administrador Regional Rodrigo Martínez, quien dio cuenta de una serie de acciones destinadas a mejorar el estándar de proyectos del Gobierno Regional.

Así, hoy en la mañana, la Comisión de Gobierno del Consejo Regional vio en su tabla la puesta en marcha de la medida, la que luego fue refrendada por el pleno de consejeros y consejeras regionales.

El presidente de la Comisión de Hacienda, Andrés Parra, señaló que “hoy día nosotros tenemos del orden de 200 iniciativas que están vigentes con instituciones privadas, estamos convencidos de que es una buena herramienta, estamos convencidos de que es un buen trabajo y que nos permite llegar mucho más rápido al beneficiario final, a los vecinos y las vecinas que necesitan las ayudas y los beneficios del Gobierno Regional. Pero también necesitamos que este manto de dudas que hoy día está sembrado se puede esclarecer y para eso estamos disponibles a aprobar una auditoría externa que nos dé la tranquilidad a los consejeros y las consejeras regionales, pero por sobre todo a la comunidad, de que el trabajo que se está haciendo en el Gobierno Regional es un trabajo serio en beneficio de todos quienes vivimos en esta región”.

En tanto, el presidente de la Comisión de Fomento, consejero Rodrigo Vera, manifestó que “el llamado que hemos hecho al Gobierno Regional de generar una auditoría externa para dar la tranquilidad de que los procesos se han hecho de buena forma, permitirá despejar este manto de dudas y sobre todo generar confianza, generar confianza en el trabajo del Ejecutivo, del trabajo del Consejo Regional y, sobre todo, en aquellas asignaciones que son menor a las 7 mil UTM, con el objetivo de que los vecinos sientan que los beneficios que son transferidos están en el marco normativo”.