Más de 3 mil controles migratorios se han realizado en los 7 pasos fronterizos del Biobío

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La nueva ley de migración entrega mayores facultades a las policías para continuar con la labor fiscalizadora.  El Intendente Patricio Kuhn explicó los alcances de la nueva ley que fue promulgada por el Presidente Sebastián Piñera.

La nueva Ley de Migración, que fue promulgada ayer por el Presidente Sebastián Piñera busca asegurar una migración, ordenada, segura y regular, por eso el Intendente Patricio Kuhn junto al Prefecto Inspector de la Policía de Investigaciones del Biobío, Hugo Ruiz y el General de Carabineros, Juan Pablo Caneo, dieron a conocer los alcances de la normativa.

Tras ocho años de tramitación se logró, mediante la búsqueda de acuerdos en el Congreso, dotar al país de una institucionalidad moderna dejando atrás la que data de 1975, incluyendo un nuevo Servicio Nacional de Migración con direcciones regionales en todo el territorio y para un mejor trabajo. Esta nueva institucionalidad permitirá establecer con claridad los deberes y derechos de los migrantes que arriben a Chile.

Al Respecto el Intendente Patricio Kuhn señaló: “esta ley permitirá ordenar y recibir a los migrantes que quieran venir a Chile sincerando las razones, ya sea como turista, como estudiante o a iniciar una nueva vida. Además, la ley contempla la creación de una nueva institucionalidad que es el Servicio de Migraciones y sus direcciones regionales, para atender de forma descentralizada los requerimientos de los migrantes”, explicó Kuhn.

Durante el 2020, en la región del Biobío se realizaron más de 3 mil controles migratorios en los 7 pasos fronterizos, de la misma manera la PDI denunció a 800 extranjeros que se encontraban infringiendo diferentes normativas. Así lo explicó el Comisario Rubén Villablanca, Jefe del Departamento de Migraciones y Policía Internacional de la PDI del Biobío.

“La nueva ley nos da mayores facultades para realizar esta labor, además tenemos a cargo la expulsión una vez que la persona es notificada de la resolución por parte de la intendencia, luego de esto nosotros hacemos el trámite de rigor”, explicó Villablanca.

En la instancia también estuvo presente, Viviana Yépez migrante colombiana residente en Chile hace 16 años y actualmente es presidenta de la organización amigos migrantes sin fronteras. “Como organización estamos muy contentos porque con esta nueva ley se acaba la precariedad en la que lamentablemente caen los migrantes que pasan por pasos no habilitados, la mayoría vienen engañados con historias fantasiosas y eso no es así. Esa invisibilidad es la que queremos abordar para poder satisfacer las necesidades básicas de los migrantes, de ahora en adelante esperamos que vengan como corresponde y como dijo el Presidente debemos ordenar la casa, ver quien entra y quién sale”,  manifestó Viviana.

La nueva normativa contempla:

-La exigencia de solicitud de visas desde los consulados para sincerar las razones de llegada de extranjeros con un flexible catálogo de visas que permitan el adecuado control y regularidad de la migración.

-La regulación sistematizada y más expedita de trámites y procesos relacionados al fenómeno migratorio: En esto se incluye el proceso de tramitación de permiso de residencia, condiciones para el ejercicio de actividades remuneradas, requisitos de ingreso con prohibiciones respectivas, otorgamiento de nacionalidad, y proceso de expulsión con mayor facilitación administrativa desincentivando uso de pasos no habilitados.

-Coherencia en materia de DDHH, a través de la incorporación de normas redactadas acorde a convenciones internacionales en materia de DDHH.

-Consideración de un proceso de regularización para migrantes irregulares que hubieran ingresado legalmente antes del 18 de marzo de 2020, podrán regularizar su situación. No así para los que ingresaron por pasos no habilitados, es decir, de forma clandestina.

Esta nueva ley, forma parte de una política de migración que desde abril 2018 el Gobierno impulsa, dando cumplimiento a un compromiso adquirido en el programa de Gobierno para poner fin a la explosión migratoria irregular e irresponsable que se produjo, principalmente en 2017, y dotar al país de una ley acorde a los desafíos que exige el presente y futuro migratorio regional.

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