- Se trata de 750 millones para la concreción de este centro, a ser levantado en conjunto con la Universidad San Sebastián, y que se enmarca en el plan de seguridad regional “Biobío Más Seguro”.
- El Gobernador Rodrigo Díaz destacó el acompañamiento y asesoría a las víctimas de delitos, lo que permitirá no dejar solas a las personas que sufren los embates de la delincuencia.
Con el objetivo de entregar acompañamiento integral y expedito en los ámbitos jurídico, de salud mental y social a las víctimas de violencia rural y urbana, incluyendo su entorno familiar directo, el Gobierno Regional del Biobío dispuso la entrega de 750 millones de pesos para crear un inédito espacio de soporte a quienes han padecido los embates de la delincuencia.
Se trata del “Centro regional de asistencia jurídica a víctimas de violencia rural y urbana de connotación”, a concretar en alianza con la Universidad San Sebastián y enmarcado en el plan regional de seguridad “Biobío Más Seguro”, el cual contempla protección a víctimas, acciones en prevención del delito y financiamiento a policías.
Este centro, que permitirá a las personas acceso oportuno a la justicia, fue recientemente aprobado por el Consejo Regional del Biobío tras su paso por la Comisión de Seguridad.
Al respecto, el Gobernador Rodrigo Díaz destacó el cumplimiento del compromiso de la administración que encabeza en materia de seguridad. “Uno de los problemas más graves que vivimos las personas del Biobío son los temas de seguridad, y dijimos que íbamos a poner el foco en materias preventivas y de atención a las víctimas, porque la cantidad de personas trabajando para ayudarlas es menos de la que se necesita. Por eso, lo que se ha aprobado es un fondo de 750 millones para brindar ayuda a víctimas de delitos más complejos, y esto va a consistir en asesoría jurídica, en materia de salud mental y también social”, manifestó Díaz.
El programa, que estará a cargo de la Universidad san Sebastián, contempla la cobertura en las 33 comunas de la región y contará con un equipo especializado, infraestructura y procedimientos encargados de acompañar a las víctimas y a su entorno familiar directo.
En este sentido, el consejero Jaime Vásquez, quien es presidente de la Comisión de Seguridad del CORE, explicó que “esto es un proyecto tremendamente relevante para apoyar a las víctimas de delitos de connotación, tanto rural como urbano, y creo que es inédito en el país. Sabemos que las víctimas normalmente están solas, son los delincuentes los que tienen apoyo jurídico en nuestro país, entonces esto viene a hacer justicia respecto de aquellas personas que han sufrido delitos de connotación pública y vamos a canalizar esta ayuda a través de la Universidad San Sebastián”.
