El Consejo Regional del Biobío, que sesionó este miércoles en Chiguayante, aprobó miércoles el financiamiento para las próximas tres versiones del Festival REC, asegurando su continuidad y buscando la sostenibilidad del evento musical gratuito más grande del país.
Se trata de un total de $3.600 millones, destinando $1.200 millones para las ediciones del 2027, 2028 y 2029.
Al respecto, el gobernador del Biobío, Sergio Giacaman, afirmó que se incluyó en la propuesta los aspectos positivos que arrojó la versión 2026, en la que se logró disminuir la carga fiscal en un 35%, incorporar más bandas locales, aumentarles el pago por sus servicios y tener un récord de asistencia.
En ese sentido, se buscó que “el festival pueda tener la holgura para que quien se lo adjudique, pueda poder programarlo y planificarlo con el tiempo necesario, y así tener tres versiones con el mejor estándar posible y de la manera más eficiente”.
Respecto de discusión del programa, la vicepresidenta de la comisión de Desarrollo Social, María Elena Núñez, detalló que consideró “el buen uso de los fondos y transparencia. Se aclaró, quedamos conformes y aprobamos el REC”.
En la misma línea, el consejero Gonzalo Osorio aseguró que “poder financiar la producción de tres eventos, va a permitir ir generando mejoras, tener ahorro fiscal y aumentar la participación de privados que cofinancian este evento y sigan fortaleciendo esta marca posicionada a nivel nacional”.
Desde la Corporación Desarrolla Biobío, encargada de la producción del festival, su gerenta, Macarena Vera, admitió que “la propuesta de esta solicitud por tres años permite poder planificarnos a largo plazo, tener una buena cantidad de postulantes y una buena malla programática de artistas internacionales. Sólo va a permitir mejorar la calidad del festival”.
En las próximas semanas se publicarán las bases de la licitación del Festival REC para las próximas ediciones, replicando el modelo de gestión de la versión 2026 a cargo de la Corporación Desarrolla Biobío, que permitió reducir en un 35% el gasto público para su ejecución.
